Sobre la financiación de los partidos...

Aprovechando que se está reeditando el enésimo escándalo por presunta financiación irregular de los partidos, en este caso, del PP, en un alarde de bombardeo mediático de la SER (que no daría yo por que UPyD tuviera tamañas atenciones, por que serían gratis y a la vez indefectiblemente calumniosas y punibles), quiero traer a colación una de mis enmiendas al I Congreso que habla concretamente de la financiación de los partidos. Es una enmienda que añade un nuevo punto al artículo II.3. y que dice así:

Como ya hemos expuesto en el Título I, la regeneración democrática pasa, necesariamente, por diluir o eliminar la colución de intereses entre corporaciones financieras, medios de comunicación y partidos políticos. La realidad empírica actual es que cualquier partido que consiga una ventaja financiera con respecto a los demás, se situará en una posición de dominio mediatico-representativo que, a su vez, se traduce (por lo general) en un dominio o predominio en las instituciones democráticas. Pero, independientemente de la objetividad de este razonamiento, lo que si es incontestable es que la mayor o menor suficiencia financiera de los partidos políticos representa una desigualdad de oportunidades en contradicción directa con los principios democráticos.

Encontramos legítimo que los partidos políticos, en su afán de lograr conseguir sus objetivos busquen todas las vías legales para lograrlo. Entre éstas, y en un estado de derecho, de economía libre y capitalista como el nuestro, la principal de estas vías legales es la financiación bancaria. Decimos legítimo en tanto que es legalmente correcto, pero esto tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, como queda bien patente.

Lo que no resulta tan legítimo -aunque continúe resultando legal- es que la potestad de las entidades financieras para otorgar o no esta financiación condiciona la libertad de acceso de algunos partidos a las instituciones de gobierno. Potestad ésta, que entra dentro de los requisitos de libre empresa y circulación de capitales, exigibles en toda democracia. Lo que ya apunta indicios de ilegalidad es que, entre estas instituciones financieras, se encuentren las cajas de ahorro, en cuyos consejos de administración se sientan personas miembros de o designadas por esos mismos partidos políticos. Pero lo realmente escandaloso es que, los mismos partidos políticos que han pregonado austeridad presupuestaria en el pasado y en el presente, los mismos que en gobernando cercenan presupuestos a asociaciones cívicas de vasto cometido social, sean los mismos que ven condonados (al parecer, también dentro de la legalidad) créditos de millones de euros por parte de Cajas de Ahorro y Bancos.

El análisis de todo ello solo puede tener una conclusión: los partidos no pueden financiarse en las mismas condiciones que las empresas, tiene que haber unos límites y unos criterios de igualdad de oportunidades.

Si a todo ello unimos el sesgado reparto de fondos que actualmente hace el Estado a los partidos que obtienen representación institucional, primando más el número de escaños que el número de votos, cosa que amplifica los efectos perniciosos de la pésima ley electoral vigente; tendremos completo el retrato del actual panorama político-social y la explicación a muchos de los problemas y crispaciones que agobian a los ciudadanos.

Por todo ello, consideramos pertinente emprender reformas legales para que la financiación de los partidos sea independiente, y limitada exclusivamente a los fondos estatales, cosa que no empece el hecho de que los fondos destinados a éstas instituciones puedan y deban ser aumentados cambiando de paso el cómputo de la financiación por uno que tenga predominantemente en cuenta el respaldo social -los votos- de cada uno de los partidos y no la representación parlamentaria obtenida. Todo ello teniendo presentes los principios de independencia e igualdad que deben regir también entre las instituciones sociales.

Creo que esta ponencia se explica por sí misma. Claro que esto obligaría a los dinosaurios políticos PP y PSOE a recortar sus nóminas de paniaguados, cancelar fundaciones, eliminar gastos suntuarios, coches oficiales, aviones, hoteles de lujo. Tendrían que centrar sus recursos de campaña en lo indispensable y prescindir de muchos gabinetes de imagen, vender o alquilar sedes sobredimensionadas y ampulosas en espacio como en pretensiónes. Todo todito todo pagado por nosotros, que pagamos sus créditos indirectamente, cuando menos. Un atentado a la política social vamos.