Se está hablando mucho del trato "excesivo" "desproporcionado" e incluso "injusto" dado por la policia danesa al ínclito Juan López de Uralde, en aplicación de su ordenamiento legal vigente. Y los que denostan tal situación dicen que "unicamente desplegó una pancarta". Pues bien, no se trata únicamente de desplegar una pancarta, se trata de violentar todo el sistema de seguridad e intentar de sabotear un acto de los altos representantes de los gobiernos mundiales, empezando por los Jefes de estado del país anfitrión de la Cumbre, Dinamarca. Obviamente, esta acción es fruto de un fallo en el protocolo de seguridad y de las personas responsables. Por eso mismo, nadie vería lógico ni adecuado que los responsables de la seguridad del acto, es decir los responsables daneses de la seguridad de su jefe de estado (que representa al pueblo soberano de Dinamarca) y por extensión de la de todos sus huéspedes se quedaran impunes. Habrán rodado cabezas y habrán habido consecuencias laborales como mínimo para quienes no supieron impedir la intrusión.
Si todo el mundo ve lógico que haya consecuencias para los responsables fallidos de impedir que un señor con una pancarta inofensiva (pero también responsables de impedir que no se cuelen, por ejemplo, terroristas suicidas), entonces lo lógico y justo es que las consecuencias legales existan también para los primeros, los infractores.
Y que nadie critique la democracia Danesa, de la que deberíamos tomar apuntes todos nosotros. Dinamarca es una de las más reputadas democracias occidentales, con unos niveles de bienestar superiores al nuestro y, no por casualidad, también con el menor índice de corrupción entre sus funcionarios y políticos. Quiero subrayar esto por que es condición 'sine qua non' para que una democracia sea recta y justa, que los responsables del cumplimiento de sus leyes las hagan cumplir, y consecuentemente, los infractores paguen las consecuencias, caiga quien caiga.
No se trató pues, de ningún acto inocente, fue un acto ilegal violando el código de convivencia de una democracia soberana. Sus ciudadanos merecen el respeto debido, y en ese respeto está el cumplimiento de su código penal y sus protocolos policiales.
En España, claro, lo vemos todo desde otro punto de vista, por que no somos lo suficientemente maduros democráticamente para reparar en lo que de verdad representa este acto nada inocente. Obviamente, si lo juzgamos, con cortedad de miras -únicamente por sus consecuencias- pues entonces tal vez sí pueda parecer excesivo. Desde el punto de vista bisoño de nuestros políticos y periodistas, cabría transigir, pues no hubo consecuencias.
Como ya he dicho antes, sí que hay consecuencias, pero el hecho de que fuera una acción de tintes pacíficos y que nadie resultara herido no la hace menos ilegal. Esta observancia sesgada de las normas es lo que padecemos en este país. Los Daneses muy bien podrían transigir y dejar libre sin cargos a Juan López de Uralde y a sus otros tres acompañantes en un acto de generosidad. Eso es lo que nos pasa, podríamos transigir, y en España hubiéramos transigido; pues ya lo hacemos demasiado con otros actos más graves y ofensivos para nuestra democracia y nuestros conciudadanos y no pasa nada: quema de los retratos de los jefes de estado, insultos y vejaciones a las víctimas del terrorismo que quedan impunes (con patadas genitales incluidas), ensalzamiento de verdaderos asesinos carniceros, meter a Josu Ternera en la comisión de DD HH de un gobierno autonómico, violaciones, asesinatos...
Esa es la diferencia, no pasa nada, se puede transigir. Se empieza transigiendo en una nimiedad de nada en una licencia urbanística, y se termina con el tremendo caos y corrupción de los ayuntamientos de Ibiza, (pero tambien de Baleares, de España) en materia de urbanismo -a la carta, por supuesto-. Se empieza transigiendo y terminamos con la aplicación desigual y totalmente arbitraria de la ley de costas. Se transige y acabamos con una administración con obesidad mórbida de tan repleta de funcionarios y adjuntos puestos a dedo. Se puede transigir y se termina con un poder judicial a medida. Se empieza transigiendo y se termina, en fin, con una partitocracia infame, que se apodera de todos los estamentos sociales, empezando por las cajas de ahorro y siguiendo con los sindicatos, bancos, medios de comunicación y llegando a copar todo, hasta las asociaciones cívicas (tales como las víctimas del terrorismo), con créditos de millones de euros concedidos en la sombra y condonados en la total oscuridad, sin que nada pase.
No es de extrañar que hubiera sido una eurodiputada europea danesa, Annegret Aucken, quien emitiera un informe demoledor para España a la Comisión Europea, en donde quedan bien reflejadas nuestras vergüenzas -irónicamente, en el medioambiente-, particularmente, la aberrante gestión urbanística, la destrucción del litoral costero mediterráneo, las normativas urbanísticas autonómicas (la de la C.A. de Valencia en primer lugar) que han permitido aplastar los derechos individuales de muchos propietarios (españoles y extranjeros) y con ello todo el medio ambiente ¡con mención expresa del deslinde de costas en Formentera!. Eso es lo que la rectitud de los políticos de un país, acostumbrados a que la ley sea igual para todos, denuncian como como caso aberrante de suma de corrupción urbanística, arbitrariedad y vejación administrativa al ciudadano. Y no es una denuncia vacía, entre las conclusiones se recoge la recomendación de reclamar a España todos los fondos de cohesión que hayan podido ser destinados a infraestructuras subordinadas a este caos urbanístico. Chúpate esa ¿acaso no hemos transigido demasiado? Por si esto no fuera poco, queda por decir que en la comisión informativa, el dictamen recibió el voto en contra al unísono del Partido Popular y del PSOE, ¡Para tapar sus vergüenzas y corruptelas sí encuentran consenso! Es para echarse a llorar.
Cuando nos pongamos a criticar, sepamos bien a quien lo hacemos, pues tal vez estamos increpando a alguien que nos puede hacer bajar el rostro de vergüenza ante la enorme evidencia de nuestras propias miserias.
Tienes toda la razón Pepe, no se ni como los han soltado tan pronto. Incumplir la legalidad vigente nunca es una acción pacífica y se debe pagar por ello.
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